Argentina - Despenalización de las calumnias e injurias

El Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva Yok, destacó la despenalización de los delitos de calumnias e injurias convertida el miércoles en ley por el Senado argentino.

"Es un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en Argentina y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina", señala un comunicado en inglés y en castellano firmado por el coordinador senior del programa para las Américas de ese organismo, Carlos Lauría. Mediante el texto se trasnmiten las felicitaciones a "las autoridades argentinas por la sanción de este proyecto que elimina las sanciones penales para el delito de calumnias e injurias".

La ley excluye del Código Penal los delitos de calumnias e injurias para los casos de interés público, un viejo reclamo del periodismo para dejar atrás las presiones de los poderes públicos de utilizar la vía judicial ante manifestaciones que consideran desfavorables.

El proyecto que fue aprobado por la totalidad de los 51 senadores presentes, deroga la figura de calumnias e injurias como delito penal para expresiones referidas a asuntos de interés público, eliminando la pena de prisión. Además introduce la figura de la "real malicia" para juzgar la responsabilidad de los imputados.

En el caso de comprobarse que los imputados actuaron con "real malicia", la Justicia podrá imponerles multas que van de los 3 mil a los 30 mil pesos.

El proyecto fue aprobado en Diputados, el 28 de octubre pasado, con 154 votos afirmativos contra 12 negativos.

El Gobierno envio el proyecto para dar respuesta a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino. Se trata del caso del periodista Eduardo Kimel, condenado en 1991 (gobierno de Carlos Menem) a un año de prisión y a pagar una indemnización por criticar la actuación de un juez en un libro sobre la llamada Masacre de San Patricio. Es una investigación del asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos, ocurrido en julio de 1976 en una iglesia del barrio porteño de Belgrano.

Si la Presidenta promulga la ley, se deberán clausurar las causas que avanzaban en diversos juzgados del país a partir de querellas por calumnias e injurias iniciadas por figuras públicas contra periodistas de distintos medios.

Fuente: Clarín.